Ser un tribunal autónomo, referente en el país en materia de justicia administrativa, cercano y confiable, que, mediante soluciones innovadoras, pacíficas y colaborativas, resuelva con perspectiva de derechos humanos y de género, contribuya al combate a la corrupción y a la rendición de cuentas, prevenga abusos y fortalezca el Estado de derecho, el buen gobierno y la confianza ciudadana, garantizando el derecho a la buena administración pública.